Politización del poder judicial: Un cáncer que amenaza la democracia

Alfonso Jaime Martínez Lazcano

Introducción

El poder judicial, pilar fundamental de toda democracia, se encuentra en México bajo la sombra de la politización. Esta situación, caracterizada por la injerencia de actores políticos en las decisiones judiciales, representa un grave peligro para el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos. En este artículo, analiza las nefastas consecuencias de la politización del poder judicial y la vulneración a los derechos humanos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada restricciones constitucionales, que este 2024 cumple10 años, así como la propuesta de soluciones para recuperar su independencia e imparcialidad.

Otro rumbo

Las acusaciones de politización del poder judicial en México no son infundadas. Diversos ejemplos evidencian esta preocupante realidad, como la liberación de presuntos delincuentes con influencia política, la protección de empresarios deudores del fisco, la detención ilegal de ciudadanos comprobado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obstaculización de obras públicas y la persecución de exfuncionarios por motivos políticos.

Restricciones constitucionales

La SCJN ha establecido en su jurisprudencia que existen restricciones constitucionales a la protección de los derechos humanos, incluso esto entra en conflicto con los parámetros establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta situación ha generado controversia y debate, ya que la SCJN se excede en sus facultades y contradice su tarea cuyo sustento es el principio pro homine, que establece que las normas deben interpretarse de la manera más favorable posible a la protección de los derechos humanos. Esto no tiene una justificación razonable, porque la SCJN cree que su función es defender normas abstractas, aunque violen derechos humanos, y no a los seres humanos. Ya que lo que debe hacer, es su competencia, no tiene otra, proteger a las personas lo mejor que se pueda. Este año se cumplen 10 años con una ausencia del foro de impulsar un debate serio contundente que modifique tal aberración.

¿Cuáles son las consecuencias de esta vulneración?

Las consecuencias de las restricciones constitucionales al poder judicial son nefastas:

• Debilitamiento del Estado de Derecho.
• Erosión de la confianza pública en las instituciones.
• Aumento de la desigualdad y la injusticia.
• Mayor vulnerabilidad de los grupos más desfavorecidos.
• Clima de miedo y represión (arraigados y en prisión preventiva oficiosa).

¿Qué medidas podrían tomarse para abordar este problema?

Para recuperar la independencia e imparcialidad del poder judicial y hacer respetar las restricciones constitucionales, es necesario implementar medidas concretas:

• Fortalecer los mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial, como la creación de un Consejo de la Judicatura independiente del presidente de la SCJN y la implementación de un sistema de selección de jueces y magistrados basado en el mérito.
• Promover una cultura de la legalidad y el respeto al Estado de Derecho a través de la educación y la sensibilización ciudadana.
• Combatir la corrupción en el poder judicial mediante mecanismos de control y transparencia.
• Establecer mecanismos para sancionar a los jueces y magistrados que incurran en actos de corrupción o que se presten a la politización de la justicia.
• Exigir a los actores políticos que respeten la independencia del poder judicial y se abstengan de injerir en sus decisiones.

Conclusiones

La politización del poder judicial, con la consecuente implementación de las restricciones constitucionales, representa un cáncer que amenaza la democracia en México. Es urgente tomar medidas concretas para recuperar la independencia e imparcialidad de la justicia, ya que solo así se podrá garantizar el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales. La sociedad civil, los medios de comunicación ajenos a intereses nefastos y tendinosos, impedir que los actores políticos ejerzan influencias para inclinar la balanza zona de las decisiones que neutralizan a las instituciones democráticas. Es fundamental esta lucha por una justicia independiente, imparcial y apegada a la Constitución y los tratados internacionales.