Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia
Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Algunos actores que fueron víctimas históricas de persecuciones, hoy sostienen políticas que reproducen lógicas de opresión. Antes víctimas, ahora victimarios.
El mundo no puede seguir siendo indiferente ante la tragedia humanitaria que se vive en Gaza, donde miles de civiles enfrentan diariamente los efectos devastadores de una violencia que, según diversos organismos internacionales, podría constituir genocidio conforme al Estatuto de Roma. En este contexto, las acciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu —señalado por actores jurídicos y políticos como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad— exigen una condena rotunda y urgente.
Las imágenes y testimonios provenientes de Gaza evidencian la destrucción sistemática de infraestructuras civiles, hospitales, escuelas y viviendas, así como la pérdida indiscriminada de vidas inocentes, incluidos niños y ancianos. Estos sucesos no son aislados ni accidentales; forman parte de una política de castigo colectivo y desplazamiento forzado que viola el derecho internacional humanitario y los tratados universales de derechos humanos.
La responsabilidad no recae únicamente en los perpetradores directos. Estados que proveen armamento, financiamiento y respaldo político irrestricto a Netanyahu y su gobierno también son cómplices de esta tragedia. La dotación constante de armas sofisticadas, el blindaje diplomático en organismos multilaterales y la omisión deliberada de sanciones han consolidado una arquitectura de impunidad que permite la continuidad del exterminio. Esta complicidad internacional hace insoportable la idea de que la justicia pueda prevalecer mientras las armas sigan fluyendo y las voces que denuncian sean silenciadas.
¿Por qué la comunidad internacional sigue oyendo y viendo pero sin actuar con la contundencia que exige la ética? El silencio, la diplomacia ambigua y las divisiones geopolíticas han permitido que, bajo un manto de impunidad, se perpetúe el sufrimiento. Cuando las voces de protesta se alzan exigiendo justicia, los relatos son frecuentemente desestimados, censurados o criminalizados.
Netanyahu, más allá de su rol político, enfrenta acusaciones legales y morales por ordenar o avalar ataques que podrían constituir crímenes atroces. Su conducta debe ser investigada por tribunales internacionales competentes, y los responsables deben rendir cuentas para que prevalezca el principio de justicia universal.
Este artículo es un llamado a la acción global: no basta con escuchar. Es imperativo actuar, exigiendo el cese inmediato de la violencia en Gaza, la protección efectiva de los derechos humanos y la sanción de quienes promueven el genocidio, incluyendo a los Estados que sostienen esta maquinaria de muerte. La humanidad no puede permitirse el lujo de la indiferencia ante semejante barbarie.
