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En el marco del seminario internacional organizado por el Dr. Handel Martis Dias, de la Facultad de Derecho de la FMP de Porto Alegre, Brasil, el destacado jurista mexicano Dr. Alfonso Jaime Martínez Lazcano presentó una novedosa y crítica teoría que ha denominado «negativismo jurídico». Esta doctrina ofrece un análisis exhaustivo sobre las causas estructurales y culturales que impiden la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos en América Latina, a pesar de la adhesión formal de la mayoría de los países a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Martínez Lazcano parte del reconocimiento de que, desde hace ya casi dos décadas, existe un mecanismo jurídico clave: el control difuso de convencionalidad. Este requiere que cualquier juez, en cualquier instancia y sin necesidad de que las partes lo soliciten, garantice el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos establecidos por la Corte Interamericana. Sin embargo, este mandato enfrenta obstáculos como la ignorancia del sistema interamericano, la falta de una formación jurídica integral y una normatividad nacional que frecuentemente contradice o no cumple con las expectativas internacionales.
La teoría del negativismo jurídico destaca que el derecho latinoamericano está teñido de un positivismo normativo formalista que hace prevalecer la letra de la ley por encima de sus objetivos éticos y justicieros. Se suma a este panorama una comprensión distorsionada de la soberanía, donde prevalece la voluntad política de los gobernantes, en detrimento de la autodeterminación y los derechos de los ciudadanos. Esta realidad genera lo que Martínez Lazcano define como una dispraxis judicial: un sistema jurídico que no solo fracasa en proteger derechos, sino que fomenta una corrupción sistémica en este ámbito.
Expertos que participaron en el foro coincidieron en que esta teoría constituye una herramienta conceptual relevante para entender la negación de la vigencia plena de los derechos fundamentales en la región, subrayando el reto que implica superar tradiciones estatales basadas en una soberanía nacional rígida y a menudo excluyente.
Como propuesta, el Dr. Martínez Lazcano invita a repensar de manera integral no solo las normas jurídicas, sino la cultura jurídica y política que permea su aplicación, abogando por sistemas de justicia más éticos, efectivos y alineados con los compromisos internacionales. Su análisis reclama asimismo la creación de órganos judiciales supraestatales que defiendan directamente los derechos humanos, similar a cómo los tribunales constitucionales protegen las constituciones nacionales.
El negativismo jurídico, así, representa una aportación original y necesaria en la búsqueda por un sistema de justicia latinoamericano más justo y respetuoso de los derechos humanos, un llamado a la acción académica, política y jurídica que resuena con fuerza en la actualidad regional.
