Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia
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Alfonso Jaime Martínez Lazcano
La fijación del plazo para la implementación total del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), cuya fecha límite legal plena es el 1 de julio de 2031, conforme a la disposición Transitoria Segunda, no implica que los principios fundamentales del nuevo paradigma probatorio deban permanecer suspendidos (Disposiciones Transitorias 2.ª y 3.ª; Pozas Serrano, 2024, pp. 8-12). La evolución jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los órganos jurisdiccionales federales demuestra que los elementos centrales del modelo de racionalidad probatoria se han incorporado progresivamente al sistema jurídico mexicano mediante criterios obligatorios de interpretación judicial (Primera Sala de la SCJN, 2021, 2023; Macías-Suárez, 2023, pp. 585-592; Carbonell, 2023, pp. 14-18).
La valoración racional de la prueba, la exigencia de motivación analítica, la justificación lógica de las inferencias fácticas y la validez de la prueba circunstancial o indiciaria dentro de los sistemas de libre valoración constituyen actualmente estándares vinculantes en el ordenamiento nacional (SCJN, 2023, Jurisprudencia 1a./J. 201/2023; Pleno Regional, Jurisprudencia PR.P.CN. J/3 P; Ferrer Beltrán, 2022, pp. 135-142). Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha reiterado de manera consistente que la prueba circunstancial o indiciaria es plenamente compatible con los sistemas procesales sustentados en la valoración libre y lógica de las pruebas, siempre que las inferencias estén debidamente justificadas y respeten la presunción de inocencia y la duda razonable (SCJN, Amparo Directo 78/2012; ADR 7635/2023; Villalba Bernié, 2024, pp. 140-146).
Desde esta perspectiva, el CNPCF no crea ex nihilo un nuevo modelo de valoración probatoria, sino que sistematiza legislativamente una evolución doctrinal y jurisprudencial que ya venía consolidándose en el constitucionalismo mexicano (Martínez Lazcano, 2025, pp. 18-24; Altamirano Sánchez et al., 2023, pp. 115-120; Gascón Abellán, 2019, pp. 72-78). La racionalidad probatoria ha dejado de ser una propuesta académica para convertirse en un mandato normativo derivado de los artículos 14 y 16 constitucionales, exigible para toda la actividad jurisdiccional (Ferrer Beltrán, 2020, pp. 54-61; Zárate Villa, 2023, pp. 34-39).
En consecuencia, el periodo de vacatio legis o transición del CNPCF no puede interpretarse como una justificación para mantener esquemas de valoración probatoria sustentados en formalismos, apreciaciones intuitivas o motivaciones deficientes (Laveaga Rendón, 2021, pp. 94-98; Uvalle Berrones, 2004, pp. 48-53). Aunque la transición institucional procesal continúe su curso, los estándares constitucionales de debido proceso y racionalidad probatoria ya obligan a los órganos jurisdiccionales a fundar sus decisiones en inferencias lógicas, controlables y objetivamente justificables (Taruffo, 2020, pp. 88-95). La reforma institucional sigue el plazo; la obligación constitucional de motivar racionalmente las decisiones judiciales es de exigencia inmediata.
Referencias
1. Jurisprudencia y criterios del Poder Judicial de la Federación (México)
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Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte. (2023). Tesis de Jurisprudencia PR.P.CN. J/3 P (11a.): Prueba indiciaria o circunstancial. Es compatible con el sistema penal acusatorio y oral, conforme a la valoración libre y lógica de las pruebas. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, junio de 2023, Tomo VI, p. 5712. Registro digital: 2026663.
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2013). Amparo Directo en Revisión 78/2012. Ponente: Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 21 de agosto de 2013.
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 201/2023 (11a.): Prueba circunstancial o indiciaria. Constituye un método de valoración que puede ser válidamente aplicado en el proceso penal acusatorio atendiendo a su sistema libre y lógico de valoración probatoria. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, diciembre de 2023, Tomo II, p. 1576. Registro digital: 2027823.
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 7635/2023. Ponente: Min. Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Rosalba Rodríguez Mireles y Eunice Delgadillo Briseño. Resuelto el 25 de septiembre de 2024.
2. Normativa marco
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2023, 7 de junio). Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Diario Oficial de la Federación. (Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera).
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Arts. 14 y 16.
3. Doctrina y literatura jurídica
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Altamirano Sánchez, R., et al. (2023). Evolución de los modelos probatorios en el derecho procesal mexicano. Editorial Porrúa, pp. 115-120.
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Carbonell, E. (2023). El nuevo paradigma probatorio en la justicia procesal mexicana. Revista de Derecho Procesal y Constitucional, (14), 14-18.
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Ferrer Beltrán, J. (2020). El control de la valoración de la prueba en segunda instancia. Marcial Pons, pp. 54-61.
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Ferrer Beltrán, J. (2022). Prueba y motivación de las decisiones judiciales. Marcial Pons, pp. 135-142.
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Gascón Abellán, M. (2019). Los hechos en el derecho: Bases para una teoría de la prueba (4.ª ed.). Marcial Pons, pp. 72-78.
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Laveaga Rendón, G. (2021). La racionalidad de la motivación judicial frente al formalismo jurídico. Fondo de Cultura Económica, pp. 94-98.
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Macías-Suárez, A. (2023). Estándares constitucionales de prueba y la transición hacia el CNPCF. Foro Jurídico Mexicano, (89), 585-592.
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Martínez Lazcano, A. J. (2025). La vigencia material anticipada del nuevo paradigma probatorio. Revista Primera Instancia, (24), 18-24.
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Pozas Serrano, M. (2024). Retos temporales e interpretación de los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estudios Procesales Contemporáneos, (12), 8-12.
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Taruffo, M. (2020). La prueba de los hechos (Trad. J. Ferrer Beltrán). Trotta, pp. 88-95.
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Uvalle Berrones, R. (2004). El razonamiento lógico-deductivo en el fallo judicial. Editorial Trillas, pp. 48-53.
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Villalba Bernié, P. D. (2024). La prueba circunstancial y el debido proceso en la jurisprudencia convencional e interamericana. Ius & Praxis, (18), 140-146.
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Zárate Villa, L. (2023). Epistemología jurídica y libre valoración probatoria. Fontamara, pp. 34-39.
(*) Esta sección forma parte del artículo
EL ARTE DE PROBAR EN EL NUEVO PROCESO CIVIL Y FAMILIAR MEXICANO
